Vendía fotos de mujeres que desnudaba por IA pero cayó por explotación sexual infantil

Un joven de 23 años, sobre quien pesaban denuncias de vender fotos de sus compañeras de estudio tras "desnudarlas" a partir de una edición basada en Inteligencia Artificial (IA) y que luego enfrentó la acusación por tenencia y distribución de imágenes de explotación sexual infantil, terminó condenado a tres años de prisión en suspenso, una decisión consensuada entre la defensa y la fiscalía actuante enmarcada en la falta de legislación que castigue la violencia digital contra las mujeres, tal como proponen proyectos de ley en análisis por parte del Congreso Nacional.

El hecho pesó sobre Mario Leandro Pérez González, un estudiante de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de San Juan, residente en la localidad de Albardón, ubicada al norte de la capital sanjuanina.

Hace tres semanas, Pérez González fue denunciado por sus compañeras de estudio por utilizar la IA y emplear sus rostros en cuerpos de mujeres desnudas, que distribuía en redes sociales.

Según la denuncia, el acusado llegó a vender imágenes de unas 15 mujeres en dólares, pero no pudo ser condenado porque la Fiscalía descartó que esa acción se inscribiese en un delito tipificado por el Código Penal.

La investigación del hecho llevó a que fuese descubierto que el acusado tenía y distribuía imágenes de explotación sexual de menores, por lo cual recibió la condena de tres años de prisión en suspenso.

En principio, Pérez González negó haber sido quien "desnudaba" a sus compañeras y aseguró que su cuenta de redes sociales había sido hackeada, pero los fiscales del Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi) del Poder Judicial sanjuanino encontraron un hecho delictivo adicional.

Es que al dar seguimiento al IP, una suerte de dirección web que identifica a un dispositivo o red, de la distribución de esas imágenes dieron con el domicilio del joven y en un allanamiento se descubrió que también tenía "material real, no generado por inteligencia artificial", de explotación sexual infantil.

Según se informó, Mario Pérez González fue acusado de tener y distribuir al menos 29 archivos de imágenes de explotación sexual, varias de ellas correspondientes a menores de 13 años.

Con esa acusación, el Juez de Garantías Alberto Caballero, lo condenó a tres años de prisión, de acuerdo a lo que acordaron en un juicio abreviado entre su abogado defensor César Jofré con el fiscal Eduardo Gallastegui, después que el imputado reconociera su autoría en el delito cometido.

En tanto, el Senado tiene en estudio un proyecto conocido como "Ley Olimpia", que ya recibió media sanción por parte de Diputados, para modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la "violencia digital" y penalizar a quienes violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

La llamada "Ley Olimpia" se basa en el caso de la actual activista mexicana Olimpia Melo, quien cuando tenía 18 años -en la actualidad tiene 33- grabó de modo consensuado un video sexual con su pareja de entonces, quien terminó viralizándolo en redes sociales y otros sitios de internet tras separarse de ella.

La repercusión social y emocional del episodio llevó a que Olimpia padeciera depresión, trastorno que no impidió que conformase una red de mujeres que terminó logrando que el Congreso mexicano aprobara una ley, la cual llevó su nombre, que reconoce la violencia digital y sanciona con prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento.

"Ahora creo que yo no soy la Olimpia del video, soy la Olimpia de la ley. Una ley que sirvió, después de la violación masiva que tuvimos de nuestro cuerpo en las redes para evitar que otras mujeres sean violadas como nosotras", reflexionó Olimpia durante un pasaje de la entrevista que Télam le hizo en julio del año pasado, en ocasión de su visita a Argentina para impulsar el proyecto de ley al que Diputados aprobó por amplia mayoría -191 votos- en julio pasado y ahora debe obtener el visto bueno del Senado.